Para Sandra Arroyo Salgado, la Argentina vive un momento caracterizado por un cuadro de violencia solo atribuible al kirchnerismo. Al menos así lo consignó en la resolución en la que dispuso el procesamiento de la funcionaria Alexia Abaigar y de la concejal Eva Mieri por atentado contra el orden público y otros delitos en el marco de la causa por el escrache en la casa del diputado José Luis Espert.
El procesamiento lo firmó a última hora del viernes y consta de 85 carillas en las que dedicó gran parte a brindar una contextualización del momento histórico en el que ocurrió el episodio. A lo largo de 29 páginas mostró su preocupación por el agravamiento de la tensión política y los discursos violentos, a la vez que advirtió que ese cuadro es todavía más grave cuando quienes infunden ese tipo de mensajes son funcionarios públicos.
Al hacerlo, no se refirió al presidente Javier Milei, que ha calificado de «nido de ratas» al Congreso, ha lamentado que «no odiamos lo suficiente a los periodistas» y hasta se animó a atacar en redes a un niño con autismo. Menos que menos mencionó la jueza a los trolls que hostigaron durante semanas a la periodista Julia Mengolini, que hoy está con botón antipánico y custodia policial, o a los que días atrás pidieron al unísono que salgan los tanques a la calle y ataquen al Senado.
Del atentado a Cristina Kirchner, ni una mención. Tampoco hubo referencias a las agraviantes y violentas frases que ha volcado el propio Espert, querellante en este caso, que viene de decir que Florencia Kirchner era «hija de una gran puta» durante un congreso en la Universidad Católica.
Más bien, la jueza federal de San Isidro se refirió a Abaigar y Mieri en lo particular y al kirchnerismo en general.
“Clima de sedición”
«A partir del 10 de junio pasado, fecha en que la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua (…) contra Cristina Kirchner (…) se desencadenó un clima de sedición por parte de algunos de sus seguidores, en el que las intimidaciones, amenazas y hechos de violencia contra las personas y las cosas fueron escalando en un espiral de preocupante intensidad», expuso la jueza.
Para la magistrada, parte de las manifestaciones en rechazo a la condena fueron en paz, pero hubo casos en los que «mediante el uso de la violencia y el terror, algunos de los concurrentes provocaron disturbios, destrozos, saqueos, escraches, cantos de índole amenazante, pintadas del mismo tenor», entre otras cosas.
Para ejemplificar, compartió capturas de pantalla de noticias sobre el ataque al canal TN, dos amenazas de bomba en estaciones del tren Roca tras la confirmación de la condena a la expresidenta y pintadas con la leyenda «no jodan a CFK» que aparecieron en las afueras de algunos medios de comunicación. Todos esos casos, para la jueza, «bastan para entender que (…) sobrepasaron el nivel de lo verbal, para transitar los carriles de la acción violenta».
Para arribar a esa conclusión no hizo falta una sola mención de los tantos mensajes de odio difundidos por el presidente ni sus seguidores.
Los procesamientos
Después, la jueza se dedicó a los procesamientos de Mieri y Abaigar junto con un joven llamado Iván Díaz Bianchi. A cada uno de ellos les trabó un embargo por 5 millones de pesos. Por el contrario, sobreseyó a Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y a Alberto Daniel Protti, expareja, junto con dos militantes llamadas Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
A los tres procesados les achacó la comisión de los delitos de atentado contra el orden público, amenazas coactivas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas. Sólo a Mieri y Abaigar les agregó el delito de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado, por la alteración de las patentes de los dos vehículos involucrados en el caso, mientras que a la primera le sumó el delito de malversación de caudales públicos, a raíz del uso de una Chevrolet S10 afectada al Municipio de Quilmes para perpetrar el hecho.
«Mieri y Abaigar formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación -cuanto menos transitoria- que tenía la finalidad de condicionar la actuación presente y/o futura del diputado nacional Dr. Espert en primer término y del resto de la sociedad que no comparta los ideales políticos de esa organización, mediante actos violentos e intimidantes, como el aquí investigado», estableció la jueza.
Para arribar a esa conclusión, se montó en cinco conversaciones de chat que se encontraron en el celular de Abaigar, donde hay mensajes que parecen estar referidos a la logística previa y posterior al episodio ocurrido a finales de junio. De ahí, «se obtuvieron numerosos datos que permitieron tener por corroborado su rol de organizadora del hecho y, aún más, reclutadora», sostuvo respecto de la funcionaria.
La magistrada también mencionó la declaración indagatoria de la expareja de Abaigar, a pesar de que cuando le mostraron las imágenes dijo que había una persona con facciones parecidas a las de ella, pero que no podía confirmar que efectivamente sea.
«Es absurdo el razonamiento, porque lo único concreto es lo que se acreditó, es decir, arrojar estiércol, panfletos y colocar un pasacalles insultante. El error, de magnitud muy importante, es conjeturar que esas acciones tuvieran otra finalidad que la de expresar el descontento con los agravios, insultos y amenazas de un diputado gánster», le dijo a Tiempo Daniel Llermanos, defensor de Abaigar.
El letrado espera que la Cámara Federal de San Martín revoque los delitos que achacó la magistrada «violando las normas que establecen como garantía constitucional la prohibición de conjeturar sin elementos sólidos que respalden la supuesta intención que Arroyo Salgado imagina».
Más allá de este punto, el procesamiento deja en claro que la intención de la magistrada es ir a fondo y remitir la causa a juicio. «
